desahucios en sevilla

La moratoria antidesahucios se prorroga hasta 2020

Bufete de abogados en Sevilla: La segunda prórroga de la moratoria antidesahucios hasta 2020 entró en vigor el pasado 17 de marzo. El Real Decreto Ley 5/2017 aprobado por el Consejo de Ministros prorroga tres años la citada moratoria para profundizar en la protección de las familias más vulnerables.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado detalladamente las medidas que se van a llevar a cabo. A partir de ahora, la moratoria se amplía a las familias que tienen hijos menores de dieciocho años, frente a los menores de tres años de antes.

Flexibilización de criterios

El Código de Buenas Prácticas (RDL 6/2012) se ve modificado y, gracias a la flexibilización de criterios, también se va a considerar familia vulnerable aquella que sea monoparental con hijos a cargo, en vez de dos hijos como antes.

Las personas que convivan con el titular de la hipoteca, sean cónyuge por vínculo de parentesco hasta tercer grado, y además, se encuentren en situación de discapacidad, enfermedad grave o dependencia, también se extienden al Código de Buenas Prácticas y a la suspensión de lanzamientos.

El supuesto de desempleo cuando se han agotado las prestaciones por el mismo, se incluye en la moratoria antidesahucios.

Violencia machista

Uno de los temas de máxima actualidad es la violencia de género, que tiene sus efectos en toda la sociedad. Familia vulnerable se considera, igualmente, la que cuenta con una víctima de violencia de género. De Guindos ha querido mostrar la preocupación de todos sobre este tema y, es por esto que, queda incluida toda persona víctima de ello.

Estas medidas tomadas por el Consejo de Ministros van destinadas a favorecer la recuperación de una vivienda propia por las personas incluidas en la aplicación del Real Decreto Ley 5/2017.

En el Bufete Soler Marco somos un equipo de abogados especialistas en desahucios y derecho civil. Si desea ponerse en contacto con nosotros  llámenos al 954 925 703 o rellene nuestro formulario de contacto y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

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El maltrato psicológico como causa justa de desheredación

Abogado civil en Sevilla: La Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo ha incluido el maltrato psicológico como causa de desheredación. Contempla los actos de maltrato que no son solamente de obra, sino también de conductas que los padres consideran no apropiadas en una relación padre-hijo.

El proceso interpretativo de la sentencia de 3 de junio de 2014 (núm. 258/2014)-EDJ 2014/9948  desarrolla en primer lugar, que los malos tratos o injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen, según el artículo 853.2 del Código Civil.

En segundo lugar, la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema de valores referenciado, principalmente, en la dignidad de la persona como núcleo fundamental de los derechos constitucionales. Debe considerarse comprendido en la expresión que encierra el maltrato de obra.

En tercer lugar, considerar el maltrato psicológico como una modalidad del maltrato de obra, viene reforzado por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que el Tribunal Supremo tiene reconocido como canon interpretativo y principio general del derecho.

En el caso concreto de la sentencia TS 3-6-14 (núm. 258/2014)-EDJ 2014/9948, los hijos del causante incurrieron en un maltrato psíquico y reiterado contra su padre, con una conducta de menosprecio y abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de su vida. Dicha situación  cambió  tras su muerte, a los efectos de demandar sus derechos hereditarios. En este caso, El Tribunal Supremo admite la posibilidad de plantear ante notario un reconocido derecho a la desheredación.

Es importante comprender que tenemos un sistema de derecho sucesorio anclado al pasado que debe ser actualizado. A través de esta adecuación de la norma se pretende regular determinados ámbitos del derecho civil, fuertemente influenciados por una concepción patriarcal y paternalista de la institución familiar, que objetiva y radicalmente, ha cambiado.

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Condenado un profesor de la Universidad de Granada por regalar un sobresaliente

Abogado penal en Sevilla: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un profesor de la Universidad de Granada por un delito de prevaricación administrativa (según el artículo 404 del Código Penal) al aprobar con un sobresaliente a una alumna que ni siquiera se presentó al examen y tampoco aportó ningún trabajo con el que pudiera justificar su calificación. La estudiante le pidió el favor al docente para conseguir el título.

La sentencia del Tribunal Supremo fechada el 10 de febrero del presente año, también condena a la funcionaria administradora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Educación como “cooperadora necesaria” al haber realizado la labor de mediadora entre la alumna y su profesor.

El Tribunal considera como más que probada mediante mails y la ausencia de pruebas de evaluación, que los acusados se pusieron previamente de acuerdo en hacer posible que la alumna obtuviera la calificación de sobresaliente en una asignatura de la que no se examinó. La alumna le pidió el favor a su profesor ante la imposibilidad de presentarse al examen por cuestiones laborales, el profesor aceptó y esto le valió el título académico de Licenciada en Pedagogía.

El docente intentó justificar su conducta invocando la libertad de cátedra, a lo que el Tribunal Supremo responde en la sentencia que: “ésta nunca constituye, o al menos no debe constituir, una carta en blanco para expedir la acreditación de suficiencia de conocimientos de modo libérrimo y, menos, exento de control que excluya la arbitrariedad”.

De modo que, el Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial y condena al profesor y la administrativa por un delito de prevaricación a la condena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. No obstante, les absuelve del cargo por falsedad de documento público.

En Bufete Soler Marco somos un equipo de abogados especialistas en delitos por prevaricación administrativa y falsedad documental. Si desea ponerse en contacto con nosotros,  llámenos al 954 925 703 o rellene nuestro formulario de contacto y nos pondremos en contacto con usted.

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La publicación de fotos en Facebook sin consentimiento es ilegal

Abogado civil en Sevilla: El Pleno de la Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictaminado que el diario la Opinión de Zamora ha incurrido en una intromisión ilegítima en el derecho de la propia imagen de un ciudadano cuya foto, sacada de Facebook, fue publicada en el periódico sin su consentimiento.

Por esta razón, la autoridad citada en el párrafo anterior condena a la Opinión de Zamora al pago de una indemnización de 15.000 € al dueño de la foto y prohíbe que el periódico vuelva a publicar dicha foto en ningún soporte, al mismo tiempo que lo obliga a retirar la imagen de todos los ejemplares que disponga.

En el informe del Tribunal Supremo se recoge que: “en la cuenta abierta en una red social en Internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del titular, porque tal actuación no puede considerarse una consecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público de una red social en Internet. La finalidad de una cuenta abierta (..) es la comunicación de su titular con terceros (..) pero no que pueda publicarse la imagen del titular de la cuenta en un medio de comunicación”.

Termina diciendo que: “el consentimiento del titular de la imagen para que el público en general, o un determinado número de personas, pueda ver su fotografía en un blog o en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta, pues no constituye el «consentimiento expreso» que prevé el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982.

Esta sentencia establece la diferencia entre el acceso a la fotografía por parte de terceros y medios de comunicación. Cuando no existe un consentimiento del titular de la imagen publicada en Redes sociales, un medio de comunicación no puede publicarla en ningún caso.

No obstante, el Supremo no ha reconocido la condena de la Audiencia Provincial de Bizkaia completamente, que había condenado al periódico a pagar una indemnización de 30.000 € por intromisión al derecho a la propia imagen y al derecho a la intimidad.

La noticia donde salía publicada la imagen además contenía datos que permitían la identificación del individuo como direcciones postales, enfermedades de un familiar o las iniciales de sus apellidos. En este caso, el Supremo dictamina que se estaban utilizando los cánones de la crónica de sucesos y por tanto, prevalece el derecho a la información frente al derecho a la intimidad.

En el Despacho Soler Marco somos un equipo de abogados especialistas en delitos por intromisión en la intimidad y la propia imagen. Si desea ponerse en contacto con nosotros  llámenos al 954 925 703 o rellene nuestro formulario de contacto y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

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Actualidad del Caso Nóos – la Audiencia reduce las penas a los principales acusados

Abogado en Sevilla: la Audiencia Provincial de Palma ha dictado las condenas de 7 de los 17 acusados en el Caso Nóos y ha rebajado las penas que solicitaba la Fiscalía. Esta reducción de penas se ha llevado a cabo amparada en algunos casos en la absolución de los delitos y en otros, en aplicación de circunstancia atenuantes por la reparación del daño causado.

Iñaki Urdangarin es uno de los beneficiados de esta medida; condenado a 6 años y 3 meses frente a los 19 que solicitaba la Fiscalía. Otro caso similar es el de Diego Torres, condenado a 8 años frente a los 16 y medio que solicitó el Ministerio Público. Ambos han sido absueltos del delito de estafa; sin embargo, Diego Torres tendrá que cumplir 2 años más por blanqueo, de ahí la diferencia de condena con Urdangarin que no acumula cargos ni condena por blanqueo.

La Audiencia sí ha coincidido con la Fiscalía en el caso por ejemplo de la Infanta Cristina que ha resultado absuelta de los cargos de delito fiscal. No obstante, ha absuelto a los ex responsables valencianos como el ex vicealcalde Alfonso Grau, para quien la Fiscalía pedía 10 años de condena.

 A continuación, analizamos uno a uno los fallos de la Audiencia para cada imputado y los comparamos con las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular:

Iñaki Urdangarin: marido de la Infanta Cristina y yerno del actual Rey de España

Fallo de la Audiencia: condena de 6 años y 3 meses de prisión más y 7 años y un mes de inhabilitación especial u multa de 512.533,68 euros. Condenado por un delito de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (2 años y 8 meses de prisión). Uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.

Petición inicial de la Fiscalía: 19 años de prisión, pero el tribunal le ha absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y ha tenido en cuenta circunstancias atenuantes de reparación de daño.

Infanta Cristina – esposa de Iñaki Urdangarin y hermana del actual Rey de España.

Fallo de la Audiencia: absuelta de los 2 delitos fiscales de los que la acusación popular la hacía responsable y declarada responsable civil a título lucrativo, como solicitaba la Fiscalía. Así que debe responder, solidariamente con su marido a la responsabilidad civil de éste, hasta 265.088,42 euros.

Petición inicial de la Fiscalía: ninguna

Diego Torres: socio de Iñaki Urdangarin

Fallo de la Audiencia:  condena de 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y multa de 1.723.843,1 euros y a responsabilidad civil por un delito de prevaricación en concurso con uno de falsedad y otro de malversación (3 años de prisión), uno de fraude a la administración pública (8 meses), uno de tráfico de influencias (10 meses) uno contra la Hacienda Pública (2 años) y un delito de blanqueo (dos años).

Petición inicial de la Fiscalía: 16 años y medio de prisión, pero el tribunal le ha absuelto de varios delitos de malversación, fraude, falsedad documental y estafa.

Ana Mª Tejeiro: esposa de Diego Torres

Fallo de la Audiencia: Absuelta.

Petición de la Fiscalía: 2 años de prisión por blanqueo de capitales. Declarada responsable civil a título lucrativo, deberá responder solidariamente con su marido de la responsabilidad civil de éste, hasta 344.934,31 euros.

Marco Antonio Tejeiro: cuñado de Diego Toorres y excontable del Instituto Nóos

Fallo de la Audiencia: absuelto

Petición de la Fiscalía: 2 ños de prisión -sustituible por multa por su colaboración con la Justicia con su confesión- por los delitos de malversación y estafa. El Ministerio Público al principio solicitaba 11 años de cárcel, pero retiró su acusación por blanqueo.

Jaime Matas: expresidente del Govern balear y exministro de Medio Ambiente

Fallo de la Audiencia: condenado de 3 años y 8 meses de prisión y 7 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación de caudales públicos (3 años) y uno de fraude a la Administración (8 meses).

Petición de la Fiscalía: 5 años de prisión por los delitos de malversación en concurso con prevaricación y falsedad y fraude -inicialmente eran 11, pero la rebajó al aplicar el atenuante de reparación de daños cuando el acusado entregó 900.000 euros de la venta de su palacete-. La Audiencia le ha absuelto del delito de tráfico de influencias y otros de malversación y fraude de los que se le acusaba.

José Luis “Pepote” Ballester: exdirector general de Deportes del Govern balear

Fallo de la Audiencia: Condenado a 15 meses y 2 días de prisión, que se sustituirá por multa, y un año, 6 meses y 2 días de inhabilitación absoluta y 3 de inhabilitación especial para cargo público. Ha sido condenado por un delito de prevaricación en concurso con uno de falsedad y otro de malversación, y por uno de fraude, pero absuelto de otros.

Petición de la Fiscalía: 2 años de prisión, sustituible por multa por su colaboración y reparación del daño.

Gonzalo Bernal: exgerente de la Fundación Illesport de Baleares

Fallo de la Audiencia: Condenado a 15 meses y 2 días de prisión, que se sustituirá por multa, y 4 años, 6 meses y 2 días de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad y otro de malversación, y por un delito de fraude.

Petición de la Fiscalía: 2 años de prisión, sustituible por multa al aplicar los atenuantes de confesión y reparación del daño, los delitos por malversación y fraude.

Miguel Ángel Bonet: exsecretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur)

Fallo de la Audiencia: Condenado a un año y 2 días de prisión, sustituible por multa, a una multa y a 6 meses y 2 días de Condenado a un año y 2 días de prisión, sustituible por multa, a una multa y a 6 meses y 2 días de inhabilitación especial.

Petición de la Fiscalía: un año de prisión sustituible por multa por los delitos de falsedad en concurso con prevaricación y fraude.

Juan Carlos Alía: exdirector del Instituto Balear de Turismo (Ibatur)

Fallo de la Audiencia: absuelto

Petición de la Fiscalía: un año de prisión, sustituible por multa al aplicar las atenuantes de reparación del daño y confesión, por los delitos de falsedad en concurso con prevaricación y fraude a la administración.

Salvador Trinxet: asesor fiscal

Fallo de la Audiencia: absuelto

Petición de la Fiscalía: le acusó Manos Limpias y pedía para él 3 años de prisión por blanqueo de capitales.

Alfonso Grau: exvicealcalde de Valencia

Fallo de la Audiencia: absuelto

Petición de la Fiscalía: 11 años de prisión por los delitos de prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias.

Luis Lobón: exsecretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana

Fallo de la Audiencia: absuelto

Petición de la Fiscalía: 8 de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

José Manuel Aguilar: exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA).

Fallo de la Audiencia: absuelto

Petición de la Fiscalía: 8 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Jorge Vela: exdirector de CACSA

Fallo de la Audiencia: absuelto

Petición de la Fiscalía: 8 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Elisa Maldonado: exresponsable jurídica de CACSA

Fallo de la Audiencia: absuelta

Petición de la Fiscalía: 8 años de prisión por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Mercedes Coghen: exconsejera delegada de la candidatura olímpica de Madrid 2016

Fallo de la Audiencia: absuelta

Petición de la Fiscalía: 8 años y 3 meses de prisión por los delitos de malversación, falsedad, prevaricación, fraude y tráfico de influencias.

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Imagen: Wikipedia

cuidando a su hija

El TSJ de Madrid acepta desgravar algunos gastos de la manutención de hijos de padres separados

Abogado de divorcios en Sevilla: El TSJ de Madrid le ha dado la razón a un contribuyente que reclamaba a Hacienda la desgravación de los gastos propios del mantenimiento de los hijos que tiene en custodia compartida con su ex pareja.

La Sección número cinco de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado la reclamación interpuesta por un contribuyente que solicitaba a Hacienda que se considerase como parte de la pensión de alimentos los gastos indispensables para el sustento de sus hijos tales como, vestimenta, asistencia médica, educación, etc. Más allá de lo que hasta el momento se consideraba la manutención diaria de los menores que reparte junto con su ex cónyuge en régimen de custodia compartida.

La demanda presentada por el interesado contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid que no le permitió desgravar en los ejercicios de 2010 y 2011 declarados a Hacienda el dinero que había acordado ingresar mensualmente en una cuenta bancaria que comparte con su ex pareja para cubrir los gastos de los hijos.

En el convenio regulador presentado junto a la sentencia de divorcio dejaba establecida en 350 euros la mensualidad que cada ex cónyuge debía ingresar a primeros de cada mes en la cuenta abierta a tal efecto. Estas cantidades se concebían como “anualidades por alimentos” en el sentido amplio, es decir, todos los gastos propios de la manutención de los menores. El Tribunal Económico Administrativo Regional no lo entendía de la misma manera, sino como unas cantidades percibidas por los hijos por el “animus donandi” de su padre, es decir, una donación y no como consecuencia de la existencia de una obligación legalmente contraída producto de una sentencia judicial.

En respuesta a la demanda contra la sentencia interpuesta por el interesado, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso desestima esta sentencia argumentando que: “la mención a las anualidades por alimentos constituye un concepto jurídico que se ha de interpretar atendiendo al tenor literal del convenio aprobado en sentencia de separación y al sentido que las partes quisieron atribuir a sus cláusulas”, y da la razón al contribuyente al sostener que “los alimentos comprenden todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, así como la educación e instrucción” de los hijos mientras sean menores de edad y aún después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, más allá “de la manutención o sustento, pues al hallarse la custodia compartida, lógicamente han de sufragarse por el progenitor con quien convivan, como así prevé el propio convenio aprobado judicialmente”.

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La propuesta del Ministerio de Justicia: Un nuevo Registro Civil gratuito, público y digital

Los letrados de la Administración de Justicia tienen que asumir la dirección de los registros civiles en lugar de los jueces, para lograr que este servicio sea gratuito, público y digital. Esta es la nueva propuesta del Ministerio de Justicia que conlleva la reforma de la Ley 20/2011 del 21 de julio del Registro Civil.

El Ministro, Rafael Catalá, tuvo una reunión con las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), Sindicatos de Letrados de la Administración de Justicia y Asociación Independiente de Secretarios Judiciales (AINSEJU) para proponer esta modificación crucial dentro del panorama judicial español. Este cambio supone la sustitución en la dirección de los registros civiles. Catalá considera que es esencial que este cambio de dirección se produzca y que se consiga un “Registro Civil gratuito, público y digital”.

El nuevo Registro Civil que propone el Gobierna se pondrá en funcionamiento el 1 de julio de este año en base a los siguientes criterios:

– Carácter gratuito y público del Registro, sin posibilidad alguna de privatización.

– Registro Civil único para todo el país.

– No intervendrán ni Jueces, ni Magistrados.

– A partir de esta fecha los encargados del Registro serán el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

– Continuará la misma demarcación territorial con 431 oficinas abiertas, de modo que no hay cambios de lugar de trabajo de los funcionarios que se verán afectados por esta medida.

– Las oficinas delegadas en los Juzgados de Paz continuarán en activo.

– Los letrados de la AJU dependerán de la Dirección General de los Registros y el Notariado.

El principal objetivo del Ministerio es evolucionar hacia un sistema de gestión procesal común pata toda la Administración de Justicia, por esa razón, se considera una prioridad reformar la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil.

Los representantes de CCOO reunidos con Catalá, consideran todo un acierto la propuesta de un servicio gratuito y no privatizado. También planean solicitar una serie de medidas respecto a los expedientes de nacionalidad y de matrimonio para que sean titularidad del Registro Civil en lugar del Registro de la Propiedad. La implementación de un nuevo sistema informático y el incremento de la plantilla.

CCOO pretende garantizar que no se supriman ni oficinas, ni los puestos de trabajo y que se establezcan centros de destino para el personal de embajadas y consulados con funciones registrales. Por su parte, el Gobierno no se ha pronunciado respecto a la salida de los actuales Jueces encargados del Registro Civil Central y de los Registros Civiles Exclusivos.

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El TS fija el criterio de uso de la vivienda familiar en caso de divorcio con hijo mayor que tenga una discapacidad

Abogado de divorcios en Sevilla: Es la primera ocasión en la que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre este tema. La sentencia del Tribunal Supremo resuelve el caso que planteó una madre que vive con su hija mayor de edad que padece una discapacidad en el domicilio propiedad del padre.

La Audiencia Provincial de Valencia y el juzgado de instancia atribuyeron un periodo de 3 años a la progenitora para que hiciera uso de la vivienda que fue familiar. Entonces la mujer presentó un recurso de casación en el que solicitaba la equiparación de los hijos con discapacidad a los hijos menores, y por tanto, el uso por un tiempo indeterminado de la casa.

Por su parte, el Tribunal Supremo que ya había reconocido esta equiparación en relación con el derecho de alimentos, no lo considera posible en este caso en particular en el que la vivienda es propiedad del padre. Ya que estima que eliminar el límite temporal del uso y disfrute de la vivienda por parte de la madre supondría imponer al dueño de la vivienda una limitación durante toda su vida que vaciaría de contenido el derecho de propiedad.

Hasta la fecha, esta autoridad no se había pronunciado sobre el tema, si bien lo había hecho -como citábamos en el párrafo anterior- en sentencias anteriores equiparando a los hijos mayores de edad con discapacidad con los menores, respecto al derecho de los mismos de percibir una pensión de alimentos.

Este supuesto no se contempla en el artículo 96 del Código Civil donde se regula el uso de la vivienda familiar en caso de divorcio y establece el derecho a permanecer en ésta como medida de protección para los menores de edad. La sentencia concluye que no es equiparable este derecho superior de los menores con el de los mayores de edad con discapacidad a los efectos de otorgarle la misma protección. El interés del menor tiende a la protección y asistencia de todo orden; sin embargo, el de los mayores con discapacidad se dirige a la integración de su capacidad de obrar mediante asistencia y un sistema de apoyo orientado a una protección especial que se determina según el grado de discapacidad.

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¿Cómo borrar fotos y vídeos subidos a redes sociales sin consentimiento?

Abogado delitos informáticos en Sevilla: Actualidad la difusión de imágenes y vídeos por internet sin el consentimiento de las personas que salen en las fotos es un tema bastante habitual. Si alguien publica una foto suya sin su consentimiento en una red social y usted no quiere que esa foto sea pública, puede solicitarle a la persona que la subió que la elimine.  En el caso de que esta persona no atienda su solicitud, se le puede pedir a la propia red social que elimine este contenido. Si tampoco reciba una respuesta a su petición puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). A continuación, repasaremos en mayor profundidad todo el procedimiento.

Pasos a seguir para eliminar las imágenes no autorizadas

Lo primero que debe hacer es contactar con la persona que subió  la imagen en la que aparece y pedirle que la borre. A su vez, le recomendamos, que se ponga en contacto con el servicio de Atención al cliente de la red social en la que se esté difundiendo el contenido. La forma correcta de hacerlo es identificándose e indicando en su mensaje el contenido que quiere que sea eliminado.

La red social debe resolver su solicitud en un plazo de 10 días como máximo a contar desde la recepción de la solicitud. Si no recibe respuesta alguna o la respuesta que le dan no es la que usted esperaba, puede interponer una reclamación de tutela en la AEPD a la que le adjunte el material que acredite la solicitud de eliminación de contenido tanto a la persona que lo subió, como a la propia red social donde está colgado.

Procedimiento en las diferentes redes sociales

Cada una de las redes sociales tiene un mecanismo diferente para solicitar el uso indebido de imágenes y vídeos o cualquier otro contenido que pueda vulnerar su privacidad.

  • Facebook: tiene habilitado un servicio que permite avisar de fotos y vídeos que infrinjan el derecho fundamental a la protección de datos. También permite alertar sobre una conducta abusiva mediante el enlace  “Denunciar esta publicación” que aparece junto a la mayoría de contenidos que se publican en el portal.
  • Twitter: dispone de un formulario que permite a sus usuarios denunciar este tipo de contenidos. En el formulario que se habilita a través de la publicación, el afectado debe denunciarlo marcando la opción “Estoy siendo mencionado directamente”. También se recomienda dejar de seguir a este usuario y bloquearlo en Twitter.
  • Instagram: tiene una página desde la que se puede alertar sobre contenidos publicados por terceros sin su consentimiento que incluya información personal. También se puede informar sobre casos de acoso o conductas abusivas. Todas las imágenes tienen en sus opciones la de esconder esta imagen de su perfil, eliminar su etiqueta o denunciar un contenido inapropiado.
  • Youtube: dispone de diferentes opciones para denunciar contenidos que vulneren la privacidad de sus usuarios, casos de acoso o contenido sexual o violentos. Si durante la visualización de un vídeo considera que su contenido es inapropiado puede denunciar clicando sobre la bandera (cuya funcionalidad es “Denunciar”) para reportar este contenido a Youtube y que éste lo revise.

Reclamación ante el AEPD

Si ninguna de estas opciones nos resulta efectiva, puede interponer una reclamación ante la la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Los requisitos que tiene que cumplir esta reclamación son:

  • Deben existir datos personales que se refieran a la persona afectada. No se consideran datos personales los referidos a personas jurídicas, acceso a documentos concretos, datos de personas fallecidas salvo cancelación y el acceso a su historial clínico por parte de personas vinculadas al afectado por razones familiares o de hecho.
  • Previamente debe haberse ejercido el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición ante el responsable del fichero, en este caso la persona que ha hecho la publicación y la propia red social. Transcurrido el plazo reglamentario desde la recepción de la solicitud sin que se haya recibido contestación alguna se considera que la solicitud no ha sido atendida de la forma correcta.
  • Disponer de documentación que acredite el envío de la solicitud del ejercicio del derecho ante el responsable del fichero y la recepción de una respuesta en el caso de que la hubiese habido.
  • Tampoco puede existir una normativa específica sobre el tratamiento de datos personales en diferentes materias en los que se regule excepciones a la LOPD, estos pueden ser: Seguridad Social (en relación a cancelación y rectificación), Tráfico (puntos y permisos de Conducir), Administración tributaria (cancelación), Penal (cancelación de antecedentes penales) y Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en relación al acceso a expedientes administrativos).

Esta reclamación se puede presentar con certificado o firma electrónica, en papel o por vía telemática. El formulario que hay que rellenar puede encontrarse en Internet, descargarse y enviarlo a la AEPD.

En Bufete Soler Marco, somos un equipo de abogados especializados este tipo de trámites, si necesita más información sobre este tema, llámenos al 954 925 703 o rellene nuestro formulario de contacto y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

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Primeras sentencias en España que anulan la cláusula de suelo

Abogado cláusula suelo Sevilla: Comienza a aplicarse en los tribunales españoles el fallo del TJUE que establece la retroactividad total de todos los importes cobrados por las entidades bancarias en concepto de la cláusula de suelo motivado por la falta de transparencia.

En Santa Cruz de Tenerife se ha dictado una sentencia que anula una cláusula suelo suscrita en abril de 2007 en la firma de una hipoteca. Además, aplica el carácter retroactivo a las cantidades cobradas por el banco que concedió la hipoteca. Esta sentencia sigue la línea de actuación marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 21 de diciembre sobre la nulidad de la cláusula de suelo.

Los demandantes son una pareja que firmó una hipoteca en Santa Cruz de Tenerife por un importe de 100.000 euros con una cláusula de suelo del 3%, así que el importe que recuperarán es de 2.000 euros.

La entidad bancaria, que en este caso en Caixabank, está obligada a devolver las cantidades que haya cobrado desde la fecha de comienzo del contrato más los intereses legales con imposición de las costas.

En la sentencia se indica que la cláusula aplicada en esta hipoteca no ha superado el control de transparencia, prueba que tiene que aportar Caixabank y que esto “da lugar a la nulidad por falta de comprensibilidad real”.

Lo que necesitas saber sobre la cláusula suelo

La cláusula suelo es una cláusula que se firma en el contrato que adquiere con el banco durante la concepción de un préstamo bancario que establece un límite mínimo al interés a aplicar en la cuota mensual, aunque el tipo de interés aplicado haya bajado.

Esta cláusula perjudica al solicitante del préstamo y beneficia a la entidad bancaria ya que cuando los tipos de interés bajan la cláusula impide que esta bajada se traslade a la cuota mensual. Dependiendo de la normativa del país, las condiciones del contrato y su transparencia y claridad, puede considerarse una cláusula abusiva, ilegal o nula, y por tanto un fraude bancario.

En España las cláusulas suelo son ilegales. Así se declaró su nulidad y carácter abusivo en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. No obstante, no tenía carácter retroactivo ya que limitaba la devolución de las cantidades ilegalmente cobradas por los bancos desde la fecha de la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, en sentencia inapelable de 21 de diciembre de 2016 en contra de la limitación de la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelos. Ahora los bancos están obligados a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca inmobiliaria para la adquisición de vivienda.

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