cuidando a su hija

COMPENSACION ENTRE PROGENITORES DE PENSION DE ALIMENTOS

En la reciente Sentencia de 28.01.2014, de la Audiencia Provincial de Sevilla, el Tribunal acuerda que, atribuyéndose la guarda y custodia de los tres hijos comunes tanto a la madre (2 de ellos) como al padre (1), se proceda a la compensación de la pensión de alimentos de ciento cincuenta euros que deberían entregarse los progenitores entre sí, procediendo tan sólo el padre a abonar a la madre los alimentos del segundo de los hijos que fue atribuido a ésta.

 

Adopta de esta forma el Tribunal una solución práctica que evita en la medida de lo posible la problemática que suele rodear a todas las cuestiones económicas entre excónyuges.

 

historia de Soler Marco

INCORPORACION DE BUFETE SOLER MARCO A LA AEAFA

Al objeto de seguir ahondando más aún en la especialización de los miembros de este despacho, en el presente mes de Septiembre hemos procedido a incorporarnos a la Asociación Española de Abogados de Familia, asociación que engloba a los más prestigiosos abogados de familia de España.

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Novedad en la devolución de cantidades entregadas a cuenta en la compra de viviendas

Novedad en la devolución de cantidades entregadas a cuenta en la compra de viviendas

En materia de compra de viviendas con entrega de cantidades a cuenta garantizadas, el Tribunal Supremo, en una reciente Sentencia de fecha 07.05.2014, ha establecido como doctrina jurisprudencial que cuando se demande exclusivamente al avalista en juicio declarativo, reclamando el importe del aval constituido, la entidad de crédito deberá abonar las cantidades entregadas a cuenta una vez incumplido el plazo convenido para la obligación de entrega, por cualquier causa, sin entrar a valorarlas como hasta ahora.

Es la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, la que establece la obligación de que la vendedora de una vivienda garantice la devolución de las cantidades entregadas a cuenta antes y durante la construcción, respondiendo de la terminación en el plazo convenido; debiendo hacer entrega, al otorgamiento del contrato, del documento que acredite esa garantía.

Hasta ahora, era práctica habitual que, llegado el caso, incumplido el plazo de entrega de la vivienda por el vendedor y reclamada por el comprador la devolución de sus cantidades entregadas a cuenta, el avalista negara la devolución de esas cantidades garantizadas al entrar a valorar sobre la propia causa del incumplimiento, es decir, sobre si el retraso era realmente grave o no y, por tanto, suficiente como para ser causa de resolución contractual.

Esta nueva sentencia llega a la conclusión de que una vez se acredite el incumplimiento tardío de la obligación garantizada por el aval, el avalista no puede entrar en si la demora es excesiva o no, porque se trata de una obligación objetiva. Por ello, incumplida la obligación de entrega, el avalista debe devolver las cantidades entregadas a cuenta, debidamente reclamadas.

Caso de necesitar mayor información sobre la materia, no dude en contactar con este Bufete, donde estaremos encantados de poder ayudarle.

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EN VIGOR LAS NUEVAS MODIFICACIONES DE LA LEY SOBRE TRÁFICO

El 9 de Mayo de 2014 entraron en vigor las nuevas modificaciones de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, introducidas por la Ley 6/2014, de 7 de Abril.

 

Sus novedades más importantes son las siguientes:
CICLISTAS: Los menores de 16 años tendrán que llevar casco de bici cuando circulen por ciudad, siendo obligatorio en carretera para todas las edades.
VELOCIDAD: Se prohíben los detectores de radar o de cinemómetros. Su uso será multado con 200 euros y la detracción de 3 puntos del carné (los inhibidores ya están prohibidos y multados). No se incluyen en esta prohibición los mecanismos de simple información de la ubicación de estos aparatos.
NIÑOS: Se sustituye el peso y la edad por la talla a la ahora de obligar a utilizar los sistemas de retención infantil, que serán preceptivos para los menores que midan hasta 1,35 metros.
ALCOHOL Y DROGAS: La multa por el consumo de alcohol aumenta hasta los 1.000 € si la tasa duplica el máximo permitido o en caso de reincidencia en un año.
INFRACCIONES NUEVAS: Realizar obras en la vía sin comunicación y autorización previa de la autoridad responsable de la gestión del tráfico.
ANIMALES: En los accidentes de tráfico ocasionados por atropello a especies cinegéticas será responsable de los daños el conductor del vehículo. El titular de la vía sólo será responsable si no ha reparado el cerramiento o no ha señalizado que existen animales sueltos.
EXTRANJEROS: Se obliga a matricular en España a los vehículos que se utilicen en territorio nacional por residentes extranjeros o por titulares de establecimientos. Y se establece el procedimiento para el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico cuando se cometan con un vehículo matriculado en un estado de la UE en otro país distinto.
OTROS: Aumentan a 20 días los plazos para presentar alegaciones y pagar de forma voluntaria las multas, que hasta ahora es de 15 días; se permite no parar e identificar al infractor cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control del tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo; y las grúas que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera tienen prioridad de paso.

 

La reforma de la Ley también abre la puerta al incremento hasta los 130 kilómetros por hora del límite máximo en determinados tramos de autovías y autopistas y a reducir en 10 km/h la velocidad máxima en las carreteras secundarias, así como a la creación de zonas de 20 y 30 km/h en las ciudades. Aunque estas medidas no entrarán en vigor hasta que se apruebe el futuro Reglamento de Circulación, que previsiblemente entrará en vigor en el mes de junio.

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Devengo de la pensión alimenticia, el Tribunal Supremo aclara la cuestión

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 4 de diciembre de 2013, ha venido a aclarar de una vez por todas y de forma definitiva –salvo cambio de jurisprudencia- cuál es la fecha de devengo de la pensión de alimentos solicitada en los procesos de separación, divorcio o medidas de hijos extramatrimoniales, señalando que los alimentos habrá que abonarlos desde el momento en que se presenta la demanda y no desde el dictado de la correspondiente Sentencia.

Ya en su Sentencia de 14 de junio de 2011 el Tribunal Supremo señaló que en los casos de reclamación judicial, los alimentos debían prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda.

Es importante el conocimiento de esta doctrina jurisprudencial pues en la mayoría de Sentencias de los Juzgados de Familia se obvia hacer hincapié en que la pensión de alimentos se devenga desde la interposición de la demanda con lo que el beneficiario de la misma tiene derecho a su reclamación al obligado a satisfacerla. En nuestra opinión, en el suplico de las demandas se debería solicitar ya que la pensión de alimentos se devengue desde la fecha de interposición de la demanda y, caso de no hacer la Sentencia pronunciamiento alguno al respecto, solicitar aclaración de la misma en tal sentido, al objeto, en su caso, de poder ejecutar la Sentencia de no abonarse los alimentos con carácter retroactivo.

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Procuradores en estado de guerra

Parece que los procuradores no se resignan a aceptar las disposiciones que en relación a estos profesionales prevé el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, fundamentalmente la supresión de la incompatibilidad de los servicios que prestan abogados y procuradores, lo que de facto significaría la extinción de la profesión de procurador/a.

Así, en los últimos días, y tras constantes manifestaciones de profesionales en todas las provincias españolas, artículos de opinión en apoyo a la causa y recabar la solidaridad de otros sectores profesionales (abogados, médicos, administradores de fincas….etc) , el Consejo General de Procuradores ha vuelto a la carga con un informe elaborado por la consultora PwC, encargado por el mismo Consejo, que resumidamente señala lo siguiente:

–       Que la actividad profesional de los procuradores supone una contribución al PIB español de 800 millones de euros (0,77% del PIB).
–       Que la aprobación de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales en su redacción propuesta acentuará la lentitud y deficiente funcionamiento de la Justicia.

–       Que la supresión de facto de la figura del procurador/a supondría un aumento de los costes de justicia.

–       Y que de seguir adelante el señalado Anteproyecto se podrían perder hasta 50.000 puestos de trabajo directos, procuradores/as.

La situación que describe el referido informe de la consultora parece dantesca y bien haría el Gobierno en ofrecer algún tipo de solución a estos profesionales a los que se les va a dejar sin profesión, los cuales tendrán obligatoriamente que reciclarse profesionalmente y adaptarse a la nueva situación.

Tendremos que ir viendo los siguientes pasos que da el Consejo General de Procuradores en defensa de estos profesionales, los cuales prevemos sean más contundentes cuanto más se acerque el debate parlamentario sobre la ley propuesta. Igualmente habrá que estar pendientes de la postura del Gobierno al respecto ¿Seguirá adelante con la ley en los términos anunciados?, todo se verá.

En caso de verse afectado por esta medida y estar interesado en ampliar su información, no dude en llamarnos o escribirnos un email, estaremos encantados de ayudarle.

 

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El Registro Civil español deniega la inscripción de un niño nacido de una madre de alquiler.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 06.02.2014 deniega la inscripción de filiación en el Registro Civil español de dos niños nacidos de una madre de alquiler en California mediante gestación por sustitución contratada por dos varones españoles casados entre sí.

El fundamento de la denegación es que la decisión de la autoridad registral de California al atribuir la condición de padres al matrimonio que contrató la gestación e inscribirlo es contraria al orden público internacional español, siendo la única causa de la denegación la citada contratación, sin que se de discriminación alguna por razón de sexo u orientación sexual. Es indiferente que los solicitantes de la inscripción sean ambos varones. La solución sería la misma si los contratantes hubieran constituido un matrimonio homosexual integrado por mujeres, un matrimonio heterosexual, una pareja de hecho, o una sola persona, hombre o mujer.

Diferente hubiera sido que la inscripción se hubiera solicitado con el fin de permitir que el vínculo familiar del menor se desarrolle y otorgar una protección jurídica que haga posible la integración del niño en su familia; derecho si amparado por nuestro ordenamiento. De esta forma, se partiría de la ruptura de todo vínculo de los menores con la mujer que les dio a luz, la existencia actual de un núcleo familiar formado por los menores y los padres intencionales, y la paternidad biológica de alguno de ellos respecto de tales menores, en caso de ser así.

Por tanto, nunca se dejaría desprotegidos a los menores, aunque la solución sería la de interesar la inscripción en base a los vínculos familiares y no a un contrato de gestación prohibido en nuestro país.

Y es por ello que la Sentencia del Tribunal Supremo finaliza instando a las autoridades públicas a que ejerciten las acciones pertinentes para determinar en la medida de lo posible la correcta filiación de los menores, y para su protección, tomando en consideración, en su caso, la efectiva integración de los mismos en un núcleo familiar “de facto”.

Si el contenido de la noticia fuera de su interés, en este Bufete estaríamos encantados de poder ayudarle, a cuyo fin sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros a través del medio que más le satisfaga (correo electrónico, teléfono o visita personal).

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EL ABORTO DEJARÁ DE SER UN DERECHO

Si el Parlamento aprueba el anteproyecto de la nueva ley del aborto impulsado por el Gobierno, desaparecerá la posibilidad de abortar libremente.

La ley vigente (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; hasta la semana 22 de gestación en caso de grave riesgo para la vida/salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto; y sin límite de tiempo si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable.

El nuevo anteproyecto contempla que sólo se podrá abortar en las 12 primeras semanas de gestación en caso de violación (se exigirá denuncia previa por agresión sexual)  y dentro de las 22 primeras en caso de que exista grave peligro para la vida/salud de la mujer cuando el embarazo produzca un menoscabo importante a su salud, con permanencia o duración en el tiempo, según los conocimientos de la ciencia médica en ese momento (se exigirá un informe de dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que genere el grave peligro para la embarazada, sin que puedan trabajar éstos en la clínica que lleve a cabo el aborto).

Volveremos a una ley mucho más restrictiva; eliminándose el importante supuesto de malformación del feto.

 Otras modificaciones sensibles son las siguientes:

Consentimiento: La actual ley del aborto establece que la decisión de abortar es de la mujer a partir de los 16 años; las menores de esa edad sólo están obligadas a informar a sus padres. La nueva ley establece que las mujeres de entre 16 y 18 años, no emancipadas, necesitarán el “asentimiento” de sus padres, aunque el consentimiento siga siendo de ellas. En caso de conflicto entre la embarazada y sus padres, el juez considerará válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez.

Sanciones: El aborto está y estará penado, con penas de uno a tres años de prisión y de uno a seis años de inhabilitación, para los profesionales sanitarios que lo practiquen fuera de los supuestos contemplados por la ley. Además, la nueva ley incluye esas mismas penas para el que induzca a una mujer a abortar o a consentir que otra persona se lo cause. En ningún caso habrá penas ni multa para la mujer que aborte aunque lo haga fuera de los supuestos (actualmente si se imponían multas).

En caso de verse afectado por esta medida y estar interesado en ampliar su información, no dude en llamarnos o escribirnos un email, estaremos encantados de ayudarle.